Países como España o Francia ya se valen de las nuevas tecnologías para localizar nuevas construcciones ilegales o sin licencia. Esto conlleva a que las personas que hagan una obra que pueda observarse mediante imágenes de satélite o mediante el uso de drones, puedan ser denunciadas y obligadas a legalizarlas o, en el peor de los casos, a demolerlas.
Los organismos que pueden utilizar este método de regularización pueden ser ayuntamientos para detectar obras nuevas sin licencia o ilegales, en cuyo caso el ayuntamiento notificaría al propietario la posibilidad de la legalización o, si no fuera posible, su demolición, todo ello con su correspondiente pago de la sanción por infracción urbanística.
El Catastro también se vale de las nuevas tecnologías para la detección de construcciones que no estén dadas de alta en su base de datos y que pudieran generar el pago de contribuciones, incluso las de las cuatro anualidades anteriores al inicio de procedimiento de alta.
Aunque si bien es cierto que las infracciones por construcciones ilegales suelen prescribir al cabo de unos años (dependiendo de la comunidad autónoma en donde se produzcan), hay situaciones que por el tipo de suelo en donde se instalan no prescriben nunca.
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