Tras diferentes denuncias efectuadas por diversos colectivos de la ciudad, incluida la asociación "O Cimborrio", el Concello de Ourense ha afirmado a través de su concejala de Urbanismo Sonia Ogando que va a proceder a imponer a un local situado en la rúa Cabeza de Manzaneda una sanción que podría llegar a los 1.500 euros por infringir, presuntamente, la actual ordenanza en materia de ruidos al haber desconectado el limitador que debe evitar que se sobrepasen los límites permitidos. Según la edil, a este expediente hay que añadir otros once actualmente en curso por caducidad de la licencia correspondiente, lo que espera que ayude a "poner en orden la situación actual hasta llegar a una convivencia armónica", según palabras de Ogando.
La concejala confía en tener listo este próximo mes de marzo un borrador de la nueva ordenanza, como resultado de la comisión de trabajo que fue creada en diciembre a tal fin, aglutinando distintos grupos políticos, colectivos vecinales y hosteleros de la ciudad. En la última reunión celebrada en la sede de la Concejalía de Urbanismo, que duró unas tres horas, las partes involucradas salieron con sensaciones muy positivas, esperanzados por el compromiso de la concejala de contemplar en el texto de la ordenanza todas las aportaciones realizadas por los miembros de la comisión y conseguir así un borrador casi definitivo en el mes de marzo, "para que se pueda concretar lo antes posible", según sus palabras.
El Concello de Ourense está, así, especialmente concienciado con este riesgo para la salud pública que suponen los ruidos, que en nuestro país son ya un problema arraigado, sobre todo en los cascos históricos de las grandes ciudades. Según ha manifestado la asociación "O Cimborrio", se trata de "invertir la tendencia de un problema de salud", por lo que agradecen el compromiso de todos los partidos políticos. "Parece que sí se lo están tomando en serio", afirma uno de sus portavoces. Entre sus reivindicaciones, que se centralicen en un servidor las mediciones de ruidos o realizar un estudio acústico completo.
Por su parte, la concejala del PSOE Natalia González destacó que la reunión "fue muy productiva" y agradeció el trabajo de O Cimborrio, "porque estamos todos en la misma línea", viendo positivo que se busque el máximo consenso "mientras se cumpla la ley".
Además de la concejala de Urbanismo, también estuvieron en la reunión las ediles de Asuntos Sociales y Seguridad Ciudadana, Eugenia Díaz Abella y María Dibuja, y la intendente de la Policía Local, María Barrera, al entender el gobierno municipal que "la solución a este problema debe ser transversal". De esta forma, se pretende potenciar el diálogo y la comunicación con la Policía Local a la hora de redactar los informes y agilizar las actuaciones.
El sector de la hostelería, por su parte, mostró su disposición a colaborar, advirtiendo que hay circunstancias que exceden a su control, explicando que "es muy difícil vigilar el incivismo de algunas personas", entendiendo que el ruido más molesto se genera precisamente fuera de los locales, al margen del que pueda provenir de los equipos de sonido amplificado o similares.
La regulación en España en la materia y sobre todo su aplicación práctica siguen siendo hoy muy precarias, por lo que todas las iniciativas que desde la Administración se lleven adelante son bien recibidas. La participación ciudadana, como en el caso de las asociaciones vecinales que han participado de forma proactiva en el caso orensano, es fundamental.
